No puedo negar que me entusiasma mucho la iniciativa planteada por el Ministerio de Educación. Creo que la medida debe constituir el inicio de una serie de otras que vayan complementando los apropiados incentivos para que estudiantes con mejores niveles de competencias puedan estudiar Educación.
No obstante a la luz de las declaraciones de algunas autoridades, me surgen algunas inquietudes que pienso son necesarias plantear para que estas sean apropiada y responsablemente debatidas.
Anualmente la distribución porcentual de estudiantes que rinden la PSU no varía mucho respecto de aquellos que obtienen puntajes superiores a 600 puntos. Esto puede significar que aquellas carreras universitarias acostumbradas a recibir estudiantes con estos niveles de competencias podrían ver disminuidos sus puntajes de corte y por lo tanto se verán obligadas a aceptar alumnos con un nivel menor de competencias.
A la luz de esta idea creo que va a resultar interesante, si se produce este fenómeno; la reacción de algunas Escuelas universitarias acostumbradas a recibir estudiantes con altos niveles de capacidades y cuando se vean enfrentadas a trabajar con jóvenes menos hábiles para sortear los niveles de dificultades de sus planes de estudio.
Por otro lado, también resulta amenazador al recordar la meta planteada en gobiernos anteriores para aumentar el número de estudiantes con acceso a la educación superior. Impedir el ingreso a carreras como Pedagogía a estudiantes con menos de 500 puntos en la PSU, puede significar que estaríamos renunciando a la inclusión y a la diversidad, provocando un nuevo tipo de discriminación socio cultural y por ende afectar la equidad y el derecho a la igualdad de oportunidades.
Hecho de menos por parte de las Universidades del Consejo de Rectores con aportes estatales y por lo tanto con una mayor responsabilidad social, una mayor preocupación por asumir la responsabilidad de procurar el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes no solo de las Pedagogías, sino de todas las áreas del conocimiento. Da la sensación que no existe interés por aumentar la cobertura en Educación Superior sino que sólo interesa atender a los mejores y ojalá con mayores aportes del estado. Hoy día constituye una realidad cierta que en aquellas familias donde uno de sus integrantes logra por primera vez una formación profesional, puede efectivamente lograr mejorar los niveles de vida de su entorno familiar y con esto asegurar el rompimiento del círculo de la pobreza.
Finalmente, también me preocupa lo que ocurrirá con aquellas Universidades como la nuestra que han declarado en su misión precisamente lo contrario a lo que se está planteando en la actualidad. El ser inclusivas las obliga a hacerse cargo de las deficiencias cognitivas de sus estudiantes y que necesariamente son aquellos que obtienen muy bajos puntajes en la PSU. Pero en el actual contexto, quedarán marginadas de los incentivos estatales cuando justamente se están haciendo responsables de lo que el sistema escolar estatal no ha podido solucionar y que es ciertamente la calidad de los aprendizajes de los estudiantes que egresan de los cuartos medios.
Las declaraciones de las autoridades y abundantes personajes públicos que han opinado al respecto, niegan implícitamente la posibilidad a aquellos jóvenes de bajos puntajes la posibilidad de estudiar una profesión. Y eso me molesta, dado que podríamos una vez más como país estar transitando en la dirección equivocada.
Este nuevo tipo de discriminación puede llegar a generar la imposibilidad de que esforzados estudiantes y sus respectivas familias puedan ver truncados sus sueños de lograr la formación del primer profesional de sus núcleos.
Como parte integrante de la Universidad del Mar y dado el contexto de Acreditación Institucional, entiendo que podemos encontrarnos en una situación un tanto compleja como para salir a un debate público. Pero he querido compartir con la comunidad estas ideas como una parte importante del debate interno que siempre es importante mantener entre nosotros.
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