viernes, 9 de julio de 2010

El 60% de futuros docentes no llega al nivel mínimo en prueba internacional de matemáticas

El título de este comentario no es mío. Es una noticia publicada en el diario La Tercera hace unos días para lo cual comparto con Uds. el link que los llevará directamente a esta fuente:

http://www.latercera.com/contenido/679_273391_9.shtml

No obstante, las siguientes reflexiones sí que son mías y por lo tanto las comparto para la consideración de todos aquellos que lo deseen.

En primer lugar, considero que la noticia nuevamente está construída de manera injusta y parcial. Queda la sensación para el lector común y corriente, de que el sólo hecho que las Universidades estatales logren un puntaje mayor que las privadas ya quedan instaladas en un segmento de calidad superior. (¿Qué aprenderán los periodistas en las Universidades que siempre muestran tanta incapacidad para ser imparciales?)

Y para ilustrar esta afirmación quisiera considerar algunas ideas como fundamento de esta reflexión:

- Nadie discute el hecho que nuestra educación se encuentra en crisis debido a los malos resultados obtenidos en las pruebas de medición de calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes.

- Nadie discute el hecho que los docentes actualmente en ejercicio tienen una responsabilidad profesional muy importante en estos malos resultados. Sólo el Colegio de Profesores sostiene en solitario una postura divergente y por lo mismo con muy poca influencia en las decisiones en este ámbito.

- Pero pocos se han detenido a pensar que la gran mayoría de los docentes actualmente en ejercicio provienen precisamente de las Universidades Estatales que llevan muchas décadas formando docentes, con muy pocos controles o ninguno respecto de la calidad de sus egresados.

- Las Universidades privadas solo existen después de la reforma del 80 a la Educación Superior, debieron pasar por un proceso muy exigente para lograr la autonomía y ahora la acreditación institucional y de sus carreras. Pero se les exige resultados a la par de las estatales con muchísimos más años de existencia. Esto me parece bien dado que si en 30 años algunas privadas han alcanzado niveles de excelencia comparables con las estatales, solo me queda imaginar y proyectarme en los próximos 30 años.

- Las Universidades estatales no aceptan estudiantes con bajos puntajes de PSU. Tampoco se hacen cargo de las deficiencias en capacidades y competencias básicas que presentan la gran mayoría de los estudiantes egresados de Cuarto Medio.

Los comentarios (apenas 10) de esta noticia son aún más patéticos y sólo develan la ignorancia del ciudadano común.

Acusan a las Universidades privadas de transformar la educación en un comercio. ¿Acaso no se toma en cuenta que tanto las privadas como las estatales cobran aranceles anuales para financiar todas las carreras de pregrado?

Y además de los aranceles que porcentualmente no tienen gran diferencia, las Universidades estatales reciben importante aportes del Estado. En la mayoría de los casos sólo por el mero hecho de serlo. Esto sí que es una gran ventaja y que no se refleja en los resultados obtenidos.

Ni en las privadas ni en las estatales, los estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía pueden exhibir altos puntajes en los resultados de la PSU. Quizás la única diferencia que podría ser importante es que en las privadas el que entra a Educación lo hace libremente, y por lo tanto podríamos incluso encontrar un mayor porcentaje de decisiones por vocación y no porque no quedó en otra cosa.

Es en este contexto donde el título de la noticia que se refiera a que el 60% de los futuros docentes no llega al nivel mínimo de conocimientos en matemática, debe ser analizado y dimensionado para poder lograr diseñar mejoras sustantivas a este gran problema.

Pero además es importante adquirir conciencia en el hecho que en Educación nos encontramos en un gran proceso de cambios paradigmáticos que hacen variar radicalmente la mirada frente a los problemas que nos aquejan.

Bajo el prisma de un paradigma tradicional, la solución puede aparecer bastante simple y además lógica. Hay que promover el ingreso a Educación a los estudiantes de más altos puntajes en la PSU dado que esto nos asegura que los jóvenes traen consigo mejores competencias y habilidades básicas para la Educación Superior.

Y esta última idea es bastante sensata, porque así las Universidades pueden dedicarse a formar profesores desde una base superior a la actual y por lo tanto es posible asegurar también que sus futuros desempeños serán mejores.

Me proyecto al hecho que esto no constituirá gran problema para la Universidad Católica, la Universidad de Chile y otras pocas que anualmente concentran los mejores puntajes PSU. Pero estos altos puntajes son escasos, ¿Qué postura adoptarán las Escuelas de Medicina, Derecho e Ingeniería por decir algunas; que verán mermados sus ingresos en favor de las Escuelas de Educación? ¿Bajarán los puntajes de corte en el ingreso de otras carreras? ¿Se está en condiciones de afirmar responsablemente que con incentivos los mayores puntajes preferirán la docencia a la medicina? ¿Y el factor vocación?

¿Cuál va a ser la postura de la Universidad Metropolitanta y la de Playa Ancha que tendrán que disminuir sus ingresos a pregrado porque los puntajes mínimos para postular aumentarán?

Estas ideas me recuerdan algunas iniciativas de la década de los 60, donde todos los estudiantes de 8º año rendían la llamada Prueba Nacional. En pocas palabras, esta prueba definía las aptitudes de los niños dividiendo a la población escolar en dos grandes grupos. Aquellos que tenían aptitudes para la Educación Superior podrían seguir tranquilamente una Enseñanza Media Científico Humanista y el resto a la Enseñanza Técnico Profesional.

Desde la perpectiva de hoy, resulta increíble que alguien pudiese tomar en serio esta práctica y de hecho ya nadie se acuerda de ella.

Después de todo, creo que estoy plenamente de acuerdo con José Joaquín Brunner. Existen tantas iniciativas que declaran aportar al mejoramiento de la calidad en educación, pero practicamente ninguna de ellas forma parte de una verdadera política pública planificada y validada por todos los sectores para influir real y positivamente en el objetivo que se persigue.

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